El Gobierno Español aprobó, a finales de noviembre, el anteproyecto de Ley de Economía Sostenible; en él se presenta un conjunto de cambios normativos y reformas estructurales que posibiliten una mejora del entorno económico, la competitividad y la sostenibilidad.
El anteproyecto de ley se centra en la regulación normativa en tres aspectos:
- Mejora del entorno económico mediante la reforma de organismos reguladores, los mercados financieros y de la contratación pública.
- Mejora de la competitividad actuando en cinco ámbitos: simplificación de procesos administrativos para crear empresas y la reducción de los plazos de pago; desarrollo de la Sociedad de la Información, ciencia e innovación, fomento de la internacionalización de las empresas españolas, y desarrollo de la Formación Profesional.
- Sostenibilidad medioambiental mediante la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, la eficiencia energética, y el impulso a la rehabilitación de la vivienda.
Para llevar a cabo todas estas reformas se proponen una serie de medidas fiscales destinadas a impulsar la I+D+i y relacionadas con la adquisición, rehabilitación y alquiler de la vivienda, entre otras novedades.
En relación al mundo empresarial, el anteproyecto establece la elaboración de memorias de sostenibilidad en las empresas públicas y prácticas responsables en sus relaciones con los grupos de interés. Asimismo, también prevé la creación de un sello de RSE que acredite que las entidades que lo tengan cuenten con un mínimo de indicadores diseñados teniendo las recomendaciones hechas por el Consejo Estatal de Responsabilidad Social Empresarial (CERSE).
El CERSE, formado por una gran diversidad de entidades de la sociedad, es, junto con el Observatorio de RSE, el órgano consultivo en materia de RSE. Entre sus objetivos se encuentra la promoción de la RSE, especialmente en las pymes, y la creación de herramientas que permitan su integración, medición y comunicación.
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